El despido disciplinario es un tipo de despido específico destinado a aquellos trabajadores/as que, por diversas causas, no han cumplido con alguna de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo.
Por tanto, dada la naturaleza de este despido, es necesario que la empresa justifique de forma clara e inequívoca y demuestre las causas que se alegan para llevar a cabo este tipo de despido. Esta es una necesidad para gran parte de los despidos, pero con más razón aun cuando este tipo de despido tiene otras consecuencias como por ejemplo que no exista indemnización.
Como sucede con otro tipo de despidos, las causas posibles conforme a nuestra legislación que pueden ser motivo de despido disciplinario están perfectamente establecidas. Para conocerlas, una vez más, debemos atenernos a lo que el Estatuto de los trabajadores dice con respecto al despido disciplinario.
De modo genérico, este despido se produce por un incumplimiento grave del trabajador/a en el desempeño de sus funciones.
Estos son algunos de los ejemplos:
El Estatuto de los trabajadores recoge una serie de causas de despido disciplinario, pero debemos tener en cuenta que se ha de consultar también el Convenio colectivo que corresponda a la empresa ya que estos pueden ampliar dichas causas.
Las consecuencias de un despido disciplinario para el trabajador/a es que este no percibirá ningún tipo de indemnización.
En cualquier caso, como sucede en cualquier despido en el que es necesario alegar alguna causa, el empresario/a deberá demostrar dicha causa con pruebas objetivas y demostrables.
De lo contrario, podríamos encontrarnos ante un despido sin justificación, por el que la empresa debería desembolsar una indemnización, o bien, un despido nulo, que obliga a readmitir al trabajador/a despedido, además de pagar los salarios dejados de percibir desde el despido.
Si un trabajador/a ha sido objeto de un despido disciplinario podrá reclamar por la vía legal. En primera instancia será necesario acudir a la vía de la conciliación y, en caso de no llegar a ningún acuerdo con la empresa, puede iniciar un procedimiento judicial, de la mano de un abogado laboralista que defienda sus derechos e intereses durante todo el proceso.
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